El “derecho a elegir” coloca una actividad comercial nociva sobre el derecho a la salud.



Una mala interpretación del “derecho a elegir”, ha provocado un bombardeo por parte de las tabacaleras y otros sectores comerciales en perjuicio de los no fumadores. No está claro, si por omisión o por falta de interés, las personas que iniciaron este programa de rotulación de restaurantes, denominado “derecho a elegir”, se olvidaron de analizar la realidad nacional y pretenden menoscabar los derechos de quienes eligieron no encender un cigarrillo.

Lo anterior está en total contraposición con el trabajo del Ministerio de Salud, la Red Nacional Antitabaco (Renata), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el diputado Dr. Orlando Hernández, los cuales lograron, en mayo pasado, que el proyecto de Ley para el Control del Tabaco en Costa Rica ingresara a la corriente legislativa. Actualmente, el proyecto espera por su aprobación para hacer efectivas una serie de variaciones que faciliten el control del consumo de cigarro.

El mal llamado “derecho a elegir” pretende que fumadores y no fumadores cohabiten en espacios, muchas veces separados por pocos centímetros de distancia, que no cuentan con los mecanismos de control adecuados para evitar el peligroso flujo del humo de tabaco. Científicamente, se ha demostrado que cuando una persona fuma, exhala el 85% del contenido del cigarrillo, por lo que quienes se ubican a su alrededor se ven expuestos a los mismos efectos nocivos del tabaco.




Imposible convivencia.

La exposición de los no fumadores al humo del tabaco es una clara violación al derecho constitucional a la salud y está demostrado, por la experiencia vivida en otros países, que la “armónica” convivencia entre fumadores y no fumadores, simplemente NO es viable.

Actualmente, nadie ha podido demostrar que los espacios conjuntos de fumadores y no fumadores, aun con medidas de ingeniería alternativas, garanticen la pureza del aire para quienes fuman pasivamente. Los estudios científicos demuestran que el único mecanismo relativamente eficiente, es construir áreas aisladas, con barreras físicas completas, sistemas de aire acondicionado y/o ventilación presurizados a presión negativa para evitar la salida del humo. La concentración de nicotina en espacios públicos en América Latina, que no tienen control de fumado, alcanzan cifras alarmantes y peligrosas; lo cual es razón suficiente para que el Ministerio de Salud, en protección de la salud de la mayoría, haya optado, por medio de la citada ley, por la prohibición total de estos espacios. Prohibición que ya se hizo efectiva de manera voluntaria en muchas empresas, centros comerciales, instituciones de gobierno, bares y restaurantes, que han sido certificados por el Ministerio y por el IAFA como “Espacios Libres de Humo de Tabaco (ELHT)”.

Y es que las restricciones al fumado en bares y restaurantes han demostrado ser más que efectivas; así lo demuestra la experiencia positiva de la aplicación de políticas contra el fumado en países como Escocia, donde, luego de establecer ELHT, la salud de la población mejoró significativamente.

En España, por su parte, desde la entrada en vigencia de la Ley Reguladora del Fumado, en enero del 2008, se puede fumar solamente en locales que midan 100 metros cuadrados o más, con condiciones físicas adaptadas para ello. Sin embargo, la actual Ministra de Salud de ese país pretende establecer una política que prohíba totalmente el fumado en cualquier lugar de acceso al público. Esa decisión la tomó basada en las experiencias regulatorias de países como Italia, Turquía e Irlanda, donde los efectos positivos se comenzaron a notar en la salud de la población.

En la Unión Europea, la primera evaluación realizada sobre los efectos de las políticas antitabaquismo confirmó que la prohibición de fumar en lugares públicos ha provocado la reducción de un 12% en los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio . Es por esto que el mal llamado programa “ derecho a elegir” que pretende colocar una actividad comercial nociva por encima del derecho colectivo a la salud, lejos de ofrecer un espacio de sano esparcimiento, promueve la obstaculización a los esfuerzos que hace Costa Rica desde el 2003.

Confiamos en que, aún en medio de la campaña política, los señores diputados comprendan la necesidad de aprobar el proyecto de ley que promueve la generación de ELHT en lugares de ocio y esparcimiento, donde personas saludables e incluso familias enteras que desean respirar aire puro, tengan, ahora sí, “derecho a elegir” la vida.


Doctor Roberto Castroes coordinador Unidad de Salud Ocupacional, Hospital México. Representante de la Caja Costarricenses de Seguro Social en la Red Nacional Antitabaco (Renata).



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