Un asesor del Gobierno británico plantea la creación de un carné de fumador para frenar el consumo de tabaco |
"Yo, personalmente, no querría tener un carné de fumador, pero tampoco me gustaría que se adoptaran medidas de identificación de personas que compran pañales", critica Javier Blanco Urgoiti, del Club de Fumadores por la Tolerancia. "El tabaco es un producto legal, como el bacalao o los plátanos, por lo que no me hace ninguna gracia que haya alguien vigilando si compro mucho tabaco o bacalao", concluye Urgoiti, contrario al carné de fumador y convencido de que "en una democracia como la nuestra no puede funcionar con medidas salvadoras de última hora".
Administraciones y gobiernos se desviven por reducir el consumo de tabaco, pero los fumadores son tercos: campañas publicitarias, impuestos estratosféricos o pulmones castigados no han bastado para que abandonen la nicotina. Por no hablar de los espacios libres de humo, que invitan a los ciudadanos a colapsar las puertas de entrada de los establecimientos hosteleros en busca de una bocanada entre plato y plato (o, lo que es más duro para el que fuma, entre café y copa).
Si el consumidor, pese a todo, sigue en sus trece, ¿cómo frenar entonces el tráfico indiscriminado de humo por sus pulmones? En el Reino Unido, un ex asesor de Tony Blair en materia sanitaria dejó caer sobre la mesa una agresiva medida: que paguen un impuesto anual por su derecho a fumar. Más allá de la polémica que podría generar la hipotética implantación de esta gravosa ley, la tasa implicaría la creación de un carné, con su correspondiente foto, que podría ir acompañada por la imagen de unos pulmones putrefactos, como dejó caer Quin Parker en un blog del Guardian.
"No es un delito y no merece pagar ningún tipo de tasa", responde a ADN.es un fumador indignado (ver vídeo en gran formato) cuando le planteamos la posibilidad de que tuviese que pagar por su derecho a fumar la dolorosa suma de 300 euros, conversión bastante libre de las 200 libras a las que aludió Julian Le Grand, el consejero británico citado anteriormente, a quien no se le escapó la posibilidad de que la medida acarrease la creación de un mercado negro de licencias.
"No somos partidarios de señalar a nadie"
Otros fumadores, pitillo en boca, también valoraron negativamente la hipotética implantación de una tasa y dejaron claro que ya pagan suficientes impuestos por cada cajetilla, aunque Le Grand considera que el aumento gradual del precio no es un obstáculo suficiente para espantar de las expendedurías a los actuales fumadores. "Las subidas no afectan a las ventas y la implantación de una tasa anual me parecería una gilipollez", explica un estanquero madrileño. "Si sube una marca, el cliente compra otra más barata, pero pasados unos días suele volver al tabaco de siempre".
José María Vázquez, director de la Clínica Capistrano y experto en adicciones, considera que "todo lo que sea desincentivar conductas nocivas es positivo, pero eso no significa que con la aplicación de una medida concreta se deje de fumar". También desde el sistema sanitario algunas voces optan por desvincularse de este tipo de políticas. "No trabajamos en esa línea", deja claro Carmen Cabezas, subdirectora de Promoción de la Salud de la Generalitat de Cataluña.
"Y tampoco somos partidarios de señalar a nadie con un carné", añade la doctora, partidaria de otras medidas desincentivadoras. "Pedimos que no haya máquinas en los bares y que los precios sean adecuados, porque eso repercutirá en los más jóvenes y en las personas englobadas en un universo económico bajo"
"No me hace gracia que vigilen cuánto tabaco compro"
Según este defensor de la causa humeante, supondría un paso más allá en la "estigmatización" del colectivo. "Los políticos hablan de salud pública, pero también hay una salud privada, que pertenece a las personas. El derecho no es a tener salud, porque eso no lo puede garantizar ninguna ley. El derecho es a administrársela. Nacemos con una salud buena, regular o mala y tenemos derecho a tomar decisiones como nos parezca mejor".
En ese sentido, José María Castro comenta desde su clínica que "la responsabilidad del Gobierno sería no quebrantar los principios básicos de la democracia, como el derecho del ciudadano a hacer con su salud lo que quiera, siempre y cuando no perjudique a los demás".
"Es más, para aprobar la ley antitabaco de 2006, el Gobierno se excusó con la protección del derecho de los no fumadores", concluye Urgoiti, "pero lo curioso es que la encuesta de salud de ese año refleja que el 74% de los españoles asegura vivir el 100% de su tiempo en ambientes libres de tabaco".
Fuente: www.adn.es
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