Los expertos aseguran que no hay argumentos técnicos, sociales ni económicos para rechazar la financiación de los fármacos antitabaco Piden también la prohibición de fumar en lugares públicos, la regulación de la publicidad subliminal y un aumento del precio de la cajetilla



En un momento en que profesionales, pacientes y sociedades científicas reclaman una reforma de la actual ley contra el tabaco, el debate sobre si el Estado debe o no financiar los tratamientos para dejar de fumar se ha convertido en uno de los aspectos que más preocupan a los expertos.

Y es que, cuando se habla de sustentar con dinero público los fármacos que ayudan a dejar este hábito, las opiniones de los expertos son unánimes, tal y como se puso de manifiesto en el café de redacción organizado por Contenidos e Información de Salud, que contó con la presencia de Carlos Jiménez, coordinador del área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ); el neumólogo Juan Antonio Riesco, representante de Separ en la junta directiva del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT); y de José Antonio Herrada, presidente de la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas.

En este sentido, todos ellos coincidieron en que, dados los recursos que se utilizan para tratar las afecciones que produce el tabaquismo, la falta de financiación para los tratamientos que ayudan a dejar de fumar es poco menos que "despilfarrar los fondos públicos".

"El Estado tiene que financiar los tratamientos. Es algo de lógica", aseguró Herrada, que afirmó también que las administraciones no tienen argumentos para negarse a facilitar el acceso a este tipo de tratamientos. "No hay forma de argumentar políticamente un no a esta financiación. No se pueden basar en un criterio económico porque no existe. En un criterio técnico tampoco, puesto que el tratamiento tiene una eficacia probada, y tampoco se puede apelar a un criterio social porque, lo que estamos intentado desde la sociedad es, precisamente, un cambio de la ley y un endurecimiento de sus posturas", alegó.


Médicos y pacientes piden financiar los fármacos antitabaco para no despilfarrar el dinero público

Tratamientos muy efectivos

El coste efectividad de los fármacos para dejar de fumar, una de las cuestiones que normalmente se ponen sobre la mesa cuando se habla de financiar los tratamientos contra el tabaco, fue defendido en esta reunión por los especialistas.

Para Riesco, hay "argumentos de peso" para defender la rentabilidad y eficacia de estos tratamientos. "Cuando se hacen estudios y se compara la coste-eficacia del tratamiento del tabaquismo con el de otros tratamientos, realmente no hay color", declaró.

Su opinión fue compartida por Carlos Jiménez que subrayó la diferencia que supone contar con la ayuda de un profesional cuando se decide dejar el tabaco. "Cuando un fumador hace un serio esfuerzo por dejar de fumar, sus posibilidades de éxito, no utilizando ningún tipo de tratamiento, están en torno al 5 por ciento; todo lo más un 10 por ciento", explicó Jiménez, que añadió que los datos cambian sustancialmente cuando el enfermo recibe ayuda farmacológica para abandonar el tabaco. "Estamos hablando de que sus posibilidades de éxito se multiplican por tres, por cuatro y en ocasiones, si sigue un tratamiento intenso, hasta por cinco". De ahí que, para los especialistas, la negativa del Estado a financiar estos fármacos, no tenga explicación. "La decisión más saludable que un fumador puede tomar en su vida es dejar de fumar. Es lo que más salud le va a procurar y resulta que, cuando toma esa decisión, nosotros no le tratamos. Es algo incomprensible", aseveró el responsable del área de Tabaquismo de Separ.

"Estamos permitiendo que haya muchos fumadores que no hagan un esfuerzo por dejar de fumar y, sin embargo, estamos financiando otros tratamientos cuando sabemos que no están teniendo la misma eficacia", agregó Juan Antonio Riesco.


Tabaco y enfermedades

Y es que, para los expertos, una de las mayores contradicciones que existen en la negativa de la Administración de financiar el tratamiento contra el tabaco es el hecho de que se esté tratando a los enfermos crónicos con patologías directamente derivadas de esta adicción, con broncodilatadores y mucolíticos, a pesar de que existen evidencias científicas que ponen de manifiesto que son ineficaces de cara a combatir estas dolencias. El más llamativo es el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Según los datos manejados por Separ, el 70 por ciento de los enfermos de EPOC en grado leve o moderado en nuestro país son fumadores. "El único tratamiento que les curaría de su enfermedad sería que dejaran de fumar", explicó Jiménez, que subrayó que "en este momento el único tratamiento que se les está dando son broncodilatadores y mucolíticos, una terapia puramente sintomática". Es decir, que sólo se va a conseguir que los síntomas de la enfermedad sean menos acusados, pero no una mejora cuando, asegura Jiménez, se ha demostrado la eficacia de fármacos como vareniclina DCI a la hora de ayudar a dejar el hábito del tabaco a estos pacientes. "El 50 por ciento de los que emplearon este fármaco dejaron de fumar", afirmó el experto. "Sin embargo, este fármaco no está financiado. No hay quién lo entienda", se sorprende.

Los efectos que puede tener el tabaco sobre los enfermos crónicos son otro de los aspectos que señalan los especialistas a la hora de pedir la financiación de los tratamientos. "El tabaco exacerba mucho más a todo crónico", explicó José Antonio Herrada, quien recordó que en nuestro país existen más de 20 millones de enfermos crónicos que, por regla general, desconocen que su patología puede verse muy agravada por el efecto de los cigarrillos, especialmente en el caso de los diabéticos. "El tabaco es peste, es un veneno que, junto con el azúcar, te lleva de manera casi inevitable a ser o ciego o amputado", declaró el presidente de la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas, que recalcó que de las 12.000 amputaciones anuales de pies que se hacen en nuestro país, el 80 por ciento se practican en fumadores de largo recorrido. "Esto hay que explicárselo a la gente porque no se sabe. Hay que hacérselo ver", reafirmó Herrada.

Y es que, el tabaco no sólo empeora el pronóstico de muchas enfermedades, sino que también hace mucho más difícil el tratamiento de algunas, como el cáncer. Un motivo más, aseguraron los expertos, para que las autoridades sanitarias tomen medidas que conduzcan a la reducción del número de fumadores. "Hay argumentos y evidencias científicas suficientes para asegurar que los fumadores tienen una menor respuesta a la poliquimioterapia", insistió Riesco, que se mostró de acuerdo con la afirmación de Herrada respecto a que, lo que se quiere como paciente, no es que te curen el cáncer, sino que te ayuden a dejar de fumar para no ser un candidato a padecerlo.


El tabaco como enfermedad

Preguntados por el coste económico que podría tener para el sistema sanitario el que los tratamientos contra el tabaco fuesen asumidos por la Administración pública, los ponentes coincidieron en que, pese a ser elevados, los costes siempre serían menores que los que genera el tabaquismo. "Estamos hablando de un problema de salud pública", declaró el doctor Riesco, que aseveró que este aspecto debería tenerse en cuenta en la planificación sanitaria. "Es importante informar y educar a los administradores y a los políticos para que tengan claro los perjuicios que ocasiona el tabaco, porque en los argumentos que han dado hasta ahora, hay deficiencias que llevan a pensar que no tienen claro que el tabaquismo sea una enfermedad", explicó.

Por su parte, Carlos Jiménez, de Separ, matizó que, si bien es cierto que "los políticos no están concienciados", éste es un problema que está también en la calle. "Estamos en una sociedad muy permisiva. La gente consume tabaco y cree que lo tiene es una mal hábito, pero no se reconoce a sí misma como enferma crónica por tabaquismo".

Para los expertos, éste es uno de los motivos por los que en España resulta cada vez más complicado frenar "la epidemia del tabaco", a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno. "En los países del Este, donde los jóvenes tienen una mayor cultura de la salud, son ellos mismos los que afean la postura del que fuma. Esa cultura de la salud es lo que falta aquí", aseguró Herrada.

Precisamente, el endurecimiento de aquellos puntos de la ley que regulan la prohibición de fumar en lugares públicos es uno de los aspectos que más preocupa a los expertos, que consideran que un ambiente menos permisivo, redundaría de forma positiva en la reducción del tabaquismo.

"El hecho de que los jóvenes vayan a los lugares de ocio y vean que se rechaza el tabaco, es algo que impacta", enunció Juan Antonio Riesco. "Es algo que se ha comprobado con estudios en países como Estados Unidos, donde estas medidas ya están implantadas".

Y es que, en opinión de los ponentes, la permisividad de algunos aspectos de la actual ley contra el tabaco, hace que los jóvenes reciban mensajes contradictorios sobre este hábito. "No podemos estar de acuerdo, con que por un lado se declare un lugar libre de humo, y por otro, se permita la compra-venta de tabaco en ese mismo lugar", matizó Riesco.

Para Carlos Jiménez, la eficacia de la nueva ley del tabaco está condicionada a que se incorporen aspectos como la prohibición total de fumar en lugares públicos y una regulación de la publicidad indirecta del tabaco que haga especial hincapié en los mensajes subliminales, algo en lo que coincidió también Juan Antonio Riesco.

"Hay que tener cuidado con el cine, cuidado con la moda, con toda esa publicidad subliminal que impacta en los jóvenes y que hay que atajar", subrayó Riesco que recordó que "hace unos años, la que era entonces presidenta de la Organización Mundial de la Salud, calificaba el tabaquismo como una enfermedad transmisible cuyo vector fundamental era la publicidad".

Un incremento del precio de la cajetilla que evite que los jóvenes se inicien en el hábito y la inclusión de la financiación pública de los tratamientos que ayudan a dejar de fumar — algo que ya se está haciendo en algunas comunidades autónomas— son otros de los aspectos necesarios para hacer efectiva la ley.

"Los beneficios de estas políticas los notaremos en los próximos 5 ó 10 años.", declaró Carlos Jiménez, quien subrayó que, si bien es cierto que se trata de mucho tiempo, es menos que el que hay que esperar para que las políticas preventivas muestren resultados, algo que no se produce, destacó hasta que transcurre una media de 25 años.

A este respecto, según manifestó Herrada, "hasta donde sabemos como coalición hay motivación en este sentido en el ministerio. Por eso nosotros vamos a seguir presionando, porque éste es un tema en el que cada día que pasa corre en contra de la salud de la gente".La necesidad de cambiar la ley contra el tabaco para que introduzca mayores restricciones a la prohibición de fumar en los lugares públicos, la publicidad directa e indirecta y la regulación de los precios de los cigarrillos, es algo en lo que coincidieron todos los ponentes, que subrayaron que el 70 por ciento de la población española está a favor de los cambios en la ley.

Sin embargo, dijeron, es necesario que el futuro texto legal sea fruto del consenso entre profesionales, pacientes y administración, una inquietud común que manifestó Carlos Jiménez. "Estamos muy preocupados por los rumores que apuntan a que hay un primer borrador de la ley que no ha circulado por Separ", admitió. "Por eso, exigimos que si existe un borrador de la ley, nos sea enviado para expresar nuestras ideas y que si no existe, se desmienta oficialmente".

Respecto a los plazos, los ponentes coincidieron en que la opción más acertada sería concretar la ley en el primer semestre de 2010, coincidiendo con la presidencia española de la UE. "El Gobierno se sumaría así a un grupo de países que ya lo están haciendo y sería más fácil endurecer la ley, lo que va a suceder aunque no sabemos en qué condiciones", declaró Herrada.

Y es que la petición de financiar los tratamientos contra el tabaco, cuenta con el consenso, reflejado en forma de documento, de 17 sociedades científicas y 17 asociaciones de pacientes que se han sumado a las demandas planteadas por Separ a la Administración sanitaria. Un respaldo que, para Riesco, exige una respuesta por parte de los políticos. "Con un consenso tan elevado, la respuesta tiene que ser positiva, no se entendería otra cosa".
Separ exige participar en la modificación de la ley

Fuente: www.elglobal.net



0 comentarios